Martín Orquiz
El Diario | Domingo 21 Junio 2015 | 23:09 hrs
El Diario | Domingo 21 Junio 2015 | 23:09 hrs
Los
líderes llegan a tener tal control de los mercados, que deciden quién vende y
quién no, lo que ha generado pugnas entre esas comunidades.
Uno de estos enfrentamientos es el que mantienen puesteros del mercado Felipe Ángeles, que se instala los lunes de cada semana sobre la calle Tepic, entre Acacias y 16 de Septiembre desde la mañana hasta pasado el mediodía.
A mediados de mayo, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) acudieron al lugar porque se reportó un conato de riña.
Marisela Ramírez, locataria del mercado, se quejó por presuntos actos de corrupción cometidos por el líder José Antonio Hernández Alvarado, quien al parecer paga los servicios de inspectores de la Dirección de Comercio Municipal para que él pueda cobrar libremente cuotas que van de los 10 a los 50 pesos al día.
Óscar Martínez Díaz, otro de los vendedores inconformes, expuso que estaban vendiendo sin tener un líder, pero que Hernández Alvarado comenzó a cobrarles.
“Queremos que se vaya, nosotros pagamos nuestros impuestos, pero él nos amenaza y no nos deja trabajar… obstruye que nos den el permiso”, expresa.
El señalado, en cambio, dio a conocer que los disidentes son una decena de personas que quieren “meter” a otra organización, ya que los 296 vendedores registrados en el mercado Felipe Ángeles están adheridos a la Fecopse.
“Ellos vienen a agredirnos, no les vamos a seguir el juego, contamos con todos los permisos que se requieren, pero ellos quieren hacer ‘grilla’ para desbaratarnos, pero nosotros no tenemos ningún desorden”, dice.
Sobre la situación que priva en ese mercado, el director de Comercio del Municipio, López López, declara que la dependencia favorece a quienes encabezan una organización ciudadana.
“Para constituir un mercado debe constituirse una asociación civil, nosotros refrendamos ese mercado con base en esa asociación”, dice el funcionario.
El Reglamento de Mercados Públicos del Municipio de Juárez que rige lo relacionado con esta actividad comercial fue aprobado en abril de 1983, cuenta con sólo 34 artículos y la reforma más reciente fue hecha el 11 de junio de 1994, dirigida específicamente al funcionamiento del Mercado Juárez.
El documento define que un mercado público es el lugar donde haya una diversidad de vendedores ejerciendo su actividad dentro del local, edificio o área y los obliga a constituirse en uniones, una por cada sitio, a la cual deberán integrar todos los mercaderes sin excepción de acuerdo con la Ley de Cámara y Comercio y de las de Industria.
Determina que las autoridades municipales reconocerán como organismo representativo de los locatarios a esa unión.
También se establece la designación de un administrador que será nombrado y removido discrecionalmente por el presidente municipal, algo que hace años no ocurre, dijeron los entrevistados.
Bajo esas circunstancias, menciona López López, el principal objetivo de esos representantes es velar por los intereses comunes de sus miembros, en este caso los mercaderes, así que el funcionario dice respaldar de forma categórica a esas asociaciones porque son la estructura jurídico-administrativa que se requiere para que opere un mercado.
Uno de estos enfrentamientos es el que mantienen puesteros del mercado Felipe Ángeles, que se instala los lunes de cada semana sobre la calle Tepic, entre Acacias y 16 de Septiembre desde la mañana hasta pasado el mediodía.
A mediados de mayo, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) acudieron al lugar porque se reportó un conato de riña.
Marisela Ramírez, locataria del mercado, se quejó por presuntos actos de corrupción cometidos por el líder José Antonio Hernández Alvarado, quien al parecer paga los servicios de inspectores de la Dirección de Comercio Municipal para que él pueda cobrar libremente cuotas que van de los 10 a los 50 pesos al día.
Óscar Martínez Díaz, otro de los vendedores inconformes, expuso que estaban vendiendo sin tener un líder, pero que Hernández Alvarado comenzó a cobrarles.
“Queremos que se vaya, nosotros pagamos nuestros impuestos, pero él nos amenaza y no nos deja trabajar… obstruye que nos den el permiso”, expresa.
El señalado, en cambio, dio a conocer que los disidentes son una decena de personas que quieren “meter” a otra organización, ya que los 296 vendedores registrados en el mercado Felipe Ángeles están adheridos a la Fecopse.
“Ellos vienen a agredirnos, no les vamos a seguir el juego, contamos con todos los permisos que se requieren, pero ellos quieren hacer ‘grilla’ para desbaratarnos, pero nosotros no tenemos ningún desorden”, dice.
Sobre la situación que priva en ese mercado, el director de Comercio del Municipio, López López, declara que la dependencia favorece a quienes encabezan una organización ciudadana.
“Para constituir un mercado debe constituirse una asociación civil, nosotros refrendamos ese mercado con base en esa asociación”, dice el funcionario.
El Reglamento de Mercados Públicos del Municipio de Juárez que rige lo relacionado con esta actividad comercial fue aprobado en abril de 1983, cuenta con sólo 34 artículos y la reforma más reciente fue hecha el 11 de junio de 1994, dirigida específicamente al funcionamiento del Mercado Juárez.
El documento define que un mercado público es el lugar donde haya una diversidad de vendedores ejerciendo su actividad dentro del local, edificio o área y los obliga a constituirse en uniones, una por cada sitio, a la cual deberán integrar todos los mercaderes sin excepción de acuerdo con la Ley de Cámara y Comercio y de las de Industria.
Determina que las autoridades municipales reconocerán como organismo representativo de los locatarios a esa unión.
También se establece la designación de un administrador que será nombrado y removido discrecionalmente por el presidente municipal, algo que hace años no ocurre, dijeron los entrevistados.
Bajo esas circunstancias, menciona López López, el principal objetivo de esos representantes es velar por los intereses comunes de sus miembros, en este caso los mercaderes, así que el funcionario dice respaldar de forma categórica a esas asociaciones porque son la estructura jurídico-administrativa que se requiere para que opere un mercado.
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