Eliana del Pilar González Márquez | Alba Sud 06-10-2026
Diez años después de que los mercados públicos
de Ciudad de México fueran reconocidos como Patrimonio Cultural Intangible, su
futuro sigue en disputa. Impulsada por los propios comerciantes para
protegerlos frente al avance de las grandes cadenas, la patrimonialización ha
reforzado su reconocimiento social y cultural, pero no ha evitado las
desigualdades, la turistificación y las dificultades que amenazan su
continuidad.
En 2016, los 329 mercados públicos de Ciudad de México fueron
reconocidos como Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad.
La declaratoria fue impulsada por los propios comerciantes como una estrategia
para defender estos espacios frente a la expansión de las cadenas comerciales.
Diez años después, el patrimonio ha permitido visibilizar su importancia social
y cultural, pero no ha detenido las profundas desigualdades que atraviesan los
mercados: mientras algunos se convierten en espacios gourmet orientados al
turismo y a consumidores de mayores ingresos, otros sobreviven entre la
inflación, el deterioro de sus instalaciones y la pérdida de poder adquisitivo
de sus clientes.
Los
mercados públicos de Ciudad de México son mucho más que lugares donde se
compran y venden alimentos. Son espacios donde se cruzan trabajo, relaciones
familiares, memoria, alimentación, identidad barrial y formas cotidianas de
socialización. En sus pasillos se reproducen conocimientos y prácticas que
difícilmente pueden reducirse a la lógica económica del intercambio: el
regateo, las relaciones de confianza entre comerciantes y clientes, las
devociones, los vínculos de compadrazgo y paisanaje, así como las formas
tradicionales de preparar y consumir alimentos.
Su historia, está vinculada a un proyecto de modernización
urbana. Entre las décadas de 1940 y 1960, el Estado posrevolucionario impulsó
una política de ordenamiento, higienización y regulación del comercio popular.
Durante el gobierno de Ernesto P. Uruchurtu, entre 1952 y 1966, miles de
comerciantes que trabajaban en la vía pública fueron trasladados a mercados cerrados.
La intención era ordenar una actividad considerada informal y hacerla
administrativamente gobernable. El Reglamento de Mercados de 1951 formó parte
de este proceso.
De
aquella política surgió buena parte de la infraestructura que hoy reconocemos
como Mercados
Públicos. Pero los edificios terminaron adquiriendo una vida
propia. Las familias comerciantes construyeron allí trayectorias laborales
intergeneracionales, relaciones de vecindad y formas de pertenencia.
Actualmente,
la red está integrada por 340 mercados distribuidos en las 16 alcaldías de la
ciudad, con 72 mil locales que generan 280 mil empleos (Tovar-Sosa, 2025). Su
permanencia, sin embargo, está atravesada por tensiones cada vez mayores. El
abandono o deterioro de algunas instalaciones, la transformación de los
patrones de consumo y la expansión de supermercados y tiendas de conveniencia
han colocado a los pequeños comerciantes en una situación de competencia
desigual.
Patrimonializar para
defenderse
La
declaratoria de 2016 debe entenderse dentro de este contexto. No fue
simplemente el resultado de una política cultural destinada a reconocer una
tradición urbana. Fue también una respuesta política de los comerciantes ante
una situación de desprotección.
Un
antecedente fundamental fue la invalidación de la denominada Norma
29, que buscaba regular la instalación de tiendas de
autoservicio y proteger al comercio tradicional (González-Márquez, 2017).
Frente al avance de las grandes cadenas comerciales, los locatarios buscaron
entonces otras vías para defender la permanencia de sus mercados. La
patrimonialización de sus prácticas y formas de vida emergió como una de estas
estrategias de reconocimiento y protección. La magnitud de esta disputa se hace
más evidente al considerar que, por cada mercado público de la ciudad, existen
alrededor de once supermercados (Giglia, 2018), lo que da cuenta de la fuerte
presencia del comercio moderno frente a estos espacios tradicionales de abasto.
El proceso de patrimonialización comenzó a articularse en 2014 y
culminó con la publicación, el 16 de agosto de 2016, de la Declaratoria
de Patrimonio Cultural Intangible de las manifestaciones
tradicionales que se reproducen en los 329 mercados públicos de la ciudad. Los
comerciantes no fueron únicamente receptores de una política patrimonial, sino
actores activos en su construcción. Fueron ellos quienes recurrieron al
lenguaje del patrimonio para reclamar reconocimiento y protección para los
mercados y sus prácticas cotidianas. De hecho, en 2014 propusieron a la
Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) y a la Secretaría de Cultura
explorar la posibilidad de otorgar a los mercados públicos un reconocimiento
similar al que, en distintos pueblos del país, se había promovido a través del
programa Pueblos
Mágicos.
Después
de meses de trabajo, documentación y preparación de la solicitud a la
Secretaría de Cultura, el decreto reconoció que los mercados
sostienen una estructura comercial de larga tradición y constituyen una
infraestructura fundamental tanto para el abasto como para la reproducción de
prácticas culturales y alimentarias. De este modo, el
patrimonio no quedó circunscrito al edificio, sino que incorporó aquello que
los propios comerciantes habían buscado visibilizar: las prácticas, los
saberes, las relaciones y las formas de intercambio que cotidianamente dan vida
a estos espacios. Ahí reside una de las principales aportaciones de la
declaratoria de patrimonio: desplazar la mirada del mercado entendido
como simple contenedor arquitectónico hacia el mercado como espacio vivido.
¿Qué puede hacer el
patrimonio?
La
declaratoria permitió otorgar legitimidad pública a los mercados y reforzar el
discurso de los comerciantes sobre su importancia histórica y comunitaria. Sin
embargo, no modificó las condiciones estructurales de competencia frente a las
grandes corporaciones comerciales. En otras palabras, reconocer a los mercados
públicos como patrimonio no impide que un supermercado se instale en sus inmediaciones,
que cambien los hábitos de consumo, que aumenten los costos de operación o que
disminuya el poder adquisitivo de quienes históricamente han comprado en ellos.
No obstante, al proteger la memoria y las tradiciones culturales que
allí se reproducen, el reconocimiento patrimonial implica, al menos en
principio, la necesidad de preservar y generar las condiciones materiales que
hacen posible su continuidad. Esta tensión constituye un
elemento central para comprender el balance de estos diez años.
El
problema del alcance de la declaratoria se vuelve aún más evidente cuando
observamos las transformaciones diferenciadas que experimentan los mercados
dentro de la ciudad. No existe un único mercado público ni una única
experiencia de patrimonialización. En determinadas zonas céntricas, algunos
mercados han comenzado a adquirir una nueva centralidad asociada con el
turismo, la gastronomía y el consumo de sectores de mayores ingresos. Mercados
como San Juan, Medellín, Escandón o San Ángel experimentan procesos de
transformación comercial en los que aparecen productos gourmet, orgánicos,
importados y propuestas gastronómicas dirigidas a turistas, residentes
extranjeros y consumidores con mayor capacidad adquisitiva.
Lo que antes constituía, ante todo, un espacio cotidiano de
abasto y de encuentro para quienes habitaban los barrios donde se localizan
estos mercados, se ha ido transformando en algunos casos al ritmo de los
procesos de revalorización, turistificación y gentrificación que atraviesan sus
entornos urbanos. Los pasillos, los productos y las prácticas tradicionales
comienzan así a adquirir nuevos significados y a integrarse en circuitos de
consumo orientados también hacia visitantes y nuevos residentes. No se trata de
un proceso derivado directamente de la declaratoria patrimonial, sino de
transformaciones urbanas más amplias que inciden sobre los mercados y sobre las
relaciones sociales que históricamente les han dado sentido.
En
este contexto, la patrimonialización puede operar de manera ambivalente:
al tiempo que reconoce y visibiliza prácticas y formas de vida locales, puede
coincidir con procesos de revalorización del entorno que terminan modificando
los usos del mercado, sus públicos y las condiciones de permanencia de quienes
tradicionalmente lo han habitado.
Dos ciudades dentro de los
mercados
La
situación es muy diferente en numerosos mercados periféricos y populares. En
alcaldías como Iztapalapa o Gustavo A. Madero, el principal problema no es
atraer turistas, sino mantener el abasto cotidiano de las familias. Allí, la
inflación, el encarecimiento de los alimentos y la pérdida de poder adquisitivo
condicionan las relaciones comerciales. El regateo y el fiado continúan siendo
una práctica fundamental y los comerciantes intentan contener los precios de
productos básicos para conservar a su clientela.
Mientras
determinados mercados pueden beneficiarse del turismo gastronómico, otros
enfrentan una pregunta mucho más elemental: ¿cómo mantener abierto un negocio
cuando los clientes tienen cada vez menos dinero para comprar?
La
patrimonialización, por tanto, se inserta en una ciudad profundamente desigual.
Esta diferencia obliga a cuestionar cualquier idea homogénea sobre los 340
mercados. No todos disponen de las mismas condiciones de localización, infraestructura,
clientela o capacidad de atraer nuevas inversiones. El patrimonio puede ser un recurso para
unos y una categoría demasiado abstracta para otros, al mismo
tiempo que todos se pueden ver beneficiados de las políticas de protección del
patrimonio.
Iniciativas de
revitalización
En
2019, una de las apuestas culturales más llamativas para incentivar la visita a
los mercados fue el programa “Noches de Mercado”,
inspirado en “Noches de Museos”. La iniciativa buscó ampliar los horarios de
funcionamiento y combinar la actividad comercial con talleres, degustaciones y
actividades culturales, con el propósito de atraer nuevos públicos y
revitalizar los mercados como espacios de encuentro.
Sin
embargo, el programa tuvo una duración breve y su impacto se concentró en un
número reducido de mercados. Como señala Claudia, comerciante del Mercado Peña
Manterola Cartagena y miembro de la Comisión de Patrimonio Cultural Intangible
de los Mercados Públicos de la Ciudad de México, su continuidad requería un
esfuerzo conjunto entre autoridades y locatarios, algo que, en la práctica,
resultaba difícil de sostener: “eso es muy complicado”, sentenciaba. A ello se
sumaba que la ampliación de los horarios implicaba prolongar la jornada laboral
de los comerciantes sin que necesariamente se tradujera en beneficios o
resultados significativos para ellos.
En el periodo posterior, la política nocturna se desplazó hacia
una lógica diferente, centrada en la vigilancia y fiscalización de
establecimientos que incumplían las regulaciones sobre venta de alcohol. El
contraste entre ambas estrategias muestra una tensión persistente: el mercado
puede ser concebido como espacio cultural que debe ser animado, o como espacio
comercial que debe ser controlado.
El patrimonio que se construye desde abajo
Frente
a estas limitaciones, algunas iniciativas impulsadas por los propios
comerciantes permiten imaginar otra forma de entender la salvaguardia
patrimonial, permitir que quienes lo habitan narren su propia historia. El proyecto
de Memoria Histórica Audiovisual del Mercado Becerra, en
Tacubaya, constituye un ejemplo significativo. Su punto de partida no es
convertir el mercado en atractivo turístico, sino documentar y preservar su
propia historia. Este ha sido el trabajo impulsado por el colectivo de “Teatro
La Banda” quienes lograron un financiamiento de la Secretaría
de Cultura de la Ciudad de México a través del Programa de apoyo a las Culturas
Municipales y Comunitarias (PACMyC).
La iniciativa recupera las historias de las familias fundadoras, los oficios y
las trayectorias laborales; pone en valor el edificio, diseñado por el
arquitecto Pedro Ramírez Vázquez; y registra las relaciones de confianza y
convivencia construidas durante décadas entre comerciantes, vecinos y
clientes.
Conclusión
El
reconocimiento de 2016 tuvo un origen particular: fue una iniciativa impulsada
por los propios comerciantes para defender sus espacios frente a un modelo
comercial cada vez más dominado por las grandes cadenas de autoservicio. Patrimonializar
los mercados fue una forma de hacer visible aquello que estaba en riesgo: no
solo unos edificios, sino relaciones de trabajo, formas de intercambio,
conocimientos, memorias y vínculos comunitarios construidos durante décadas.
La declaratoria también permitió desplazar la mirada del mercado como
infraestructura hacia el mercado como espacio vivido. Entre 2019 y 2024 se
destinaron más de 1.075 millones de pesos a obras de infraestructura en 220
mercados, una inversión importante para atender problemas de seguridad, instalaciones
eléctricas e hidrosanitarias, techumbres y captación de agua. Una inversión
necesaria para garantizar condiciones dignas en los espacios, pero insuficiente
para atender la complejidad de los problemas que atraviesan estos mercados.
La revitalización, por tanto, no puede
reducirse a la renovación física de los inmuebles. Requiere también fortalecer
las condiciones económicas, sociales y culturales que permiten su
funcionamiento cotidiano: continuar con la digitalización de los sistemas de
pago, ampliar las capacitaciones para los comerciantes, facilitar el acceso a
nuevas herramientas de gestión y comercialización, y desarrollar estrategias de
difusión cultural que reconozcan y visibilicen los saberes, prácticas y formas
de vida que se reproducen en estos espacios. Pero, sobre todo, requiere
reconocer que no todos los mercados enfrentan los mismos problemas ni tienen
las mismas posibilidades de responder a las transformaciones de la ciudad.
Esto resulta especialmente evidente cuando se
observa la diversidad de situaciones que atraviesan los 340 mercados públicos.
En algunas zonas de la ciudad, determinados mercados han adquirido una nueva
centralidad vinculada con la gastronomía, el turismo y el consumo de sectores
de mayores ingresos. En estos casos, la patrimonialización puede convivir con
procesos urbanos que transforman aquello mismo que busca reconocer. Lo que está
en juego no es únicamente la conservación de determinadas prácticas, sino quién
puede seguir participando en ellas, quién puede trabajar en esos espacios y
quién puede acceder a los bienes y servicios que ofrecen.
En otros mercados, particularmente en zonas
populares y periféricas, la preocupación es distinta. Allí el desafío cotidiano
sigue siendo garantizar el abasto de las familias, mantener los negocios
abiertos y conservar una clientela cuyo poder adquisitivo se ha reducido. La
existencia de estas experiencias tan diferentes obliga a abandonar cualquier
visión homogénea de los mercados públicos y a reconocer que el patrimonio se
vive de manera desigual en la ciudad.
Esta diversidad también muestra que no existe una
única manera de revitalizar un mercado. Las políticas públicas necesitan partir
de las condiciones concretas de cada espacio y atender tanto sus necesidades
materiales como las dinámicas sociales y económicas que hacen posible su
permanencia. No se trata de elegir entre conservar el mercado tal como fue o
transformarlo para adaptarlo a las nuevas demandas urbanas, sino de acompañar
sus procesos de cambio sin perder de vista a quienes históricamente han
sostenido estos espacios.
Por ello, el reto de los próximos años no debería
consistir en convertir a los mercados en atractivos turísticos ni tampoco en
congelarlos en una imagen idealizada del pasado, sino en garantizar las
condiciones sociales, laborales, económicas y urbanas que permitan que ese
patrimonio siga vivo. Los mercados siempre han cambiado. Pueden incorporar
nuevas tecnologías, formas de pago, estrategias de comercialización o
actividades culturales sin dejar de ser mercados. La cuestión fundamental es
quién participa en esas transformaciones, en qué condiciones y quién se
beneficia de ellas.
En este sentido, las iniciativas construidas
desde los propios comerciantes, como recuperar la memoria de las familias,
registrar los oficios, documentar las trayectorias laborales o reconstruir las
relaciones entre comerciantes, vecinos y clientes, permiten pensar la
salvaguardia patrimonial no como una operación orientada a producir nuevos
consumidores, sino como una herramienta para fortalecer a quienes mantienen
vivos estos espacios.
El patrimonio adquiere sentido no porque convierta
al mercado en una pieza atractiva de la ciudad, sino porque reconoce y
fortalece las relaciones sociales, los saberes y las prácticas que lo
sostienen. Salvaguardar los mercados públicos implica, en última instancia,
garantizar las condiciones para que quienes los habitan y trabajan en ellos
puedan seguir transformándolos y dándoles vida.
Referencias:
Giglia, A. (2018). Comercio, consumo y cultura en
los mercados públicos de la Ciudad de México. UAM.
González Márquez, E. del P. (2017). Organización
de comerciantes de mercados públicos en la Ciudad de México ante la
invalidación de la Norma 29 [Tesina de licenciatura, Universidad Autónoma
Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, México]
Pensado, M. del R. (Coord.). (2016). Patrimonio
cultural inmaterial de los mercados públicos en la Ciudad de México:
Manifestaciones culturales que se reproducen en los mercados públicos de la
Ciudad de México. Altres Costa-Amic Editores.
Tovar Sosa, J. (2025, 20 de febrero). Cuántos
mercados públicos existen en CDMX y cuál es el más grande después de la Central
de Abasto. Infobae. Infobae.
Este artículo se publica en el marco del proyecto
“Pot ser el turisme una eina per a la justícia social i la defensa dels drets
humans?” ejecutado por Alba Sud con el apoyo del Ajuntament de Barcelona
(convocatoria 2025).
