CDMX Destacada jueves,
22/01/2026 Nuestra
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Las recientes acciones
“animalistas” del Gobierno de la Ciudad de México pueden provocar un incremento
en la venta ilegal y el maltrato de las especies, como consecuencia directa
de políticas prohibicionistas, la improvisación administrativa de los
funcionarios públicos, así como por operativos mal preparados advirtieron
dirigentes de organizaciones de comerciantes, abogados y médicos veterinarios.
Los representantes de
profesionistas y empresarios coincidieron en que el bienestar de las
mascotas y animales de compañía es un objetivo legítimo y compartido, tal como
lo ha expresado la Jefa de Gobierno, Clara Brugada. Sin embargo, rechazaron los
mecanismos utilizados por funcionarios capitalinos, los cuales —lejos de
proteger a los animales— han criminalizado a comerciantes formales que
operan bajo esquemas legales y regulados, así como a los especialistas que los
acompañan.
En declaración conjunta, Alberto
Vargas Lucio, presidente del Movimiento Nacional del Contribuyente
Social (MONACOSO A.C.); César Ríos, asesor jurídico de los
comerciantes; Aída Álvarez Salas, presidenta del Colegio de Médicos
Veterinarios Zootecnistas de México A.C. (COMVEMEX); y Gerardo
Cleto López Becerra, presidente de ConComercioPequeño, calificaron
como falsas las acusaciones de maltrato animal al interior de los mercados
públicos.
Al interior de los mercados
públicos no se realiza la venta ilegal ni el maltrato animal. Por ejemplo, el
cierre de la venta legal en el Mercado Sonora estuvo acompañado de acciones
ilegales por parte de funcionarios de la alcaldía Venustiano Carranza,
enviados por la alcaldesa Evelyn Parra para presionar e
intimidar a los comerciantes, denunció César Ríos, abogado especialista
encargado de la defensa legal.
Precisó que ninguna
clausura fue motivada por maltrato animal, ya que los locatarios cumplían con
los reglamentos vigentes y contaban con la asesoría de médicos
veterinarios. “Las sanciones se aplicaron por supuestas faltas administrativas,
mediante procedimientos irregulares y amenazas para inhibir la defensa de sus
derechos”, afirmó.
Alberto Vargas Lucio señaló
que, ante la negativa de las autoridades para dialogar, continuarán las
acciones jurídicas para la legítima defensa de los derechos de los locatarios.
Subrayó que la medida tomada en diciembre pasado, afecta gravemente a
comunidades indígenas y rurales de la Ciudad de México y de entidades como
Tlaxcala, Puebla, Morelos y el Estado de México, para quienes la
crianza y comercialización de animales de consumo es una actividad económica
fundamental y ellos, tenían al Mercado Sonora como punto de abastecimiento.
“Estas comunidades tendrán que
ser escuchadas, porque se les ha negado el derecho de realizar una actividad que
es parte de “sus usos y costumbres” que además de ser legal, da sustento a sus
comunidades, ya que suministraban productos a restaurantes, fondas y negocios
de comida”, remarcó.
Alberto Vargas advirtió que la
capital del país se encamina a una auténtica “cacería de brujas” contra los
mercados públicos. La prohibición no solo impacta la venta de
perros y gatos, sino también actividades productivas esenciales como la
comercialización de codornices para restaurantes, lombrices para la
agricultura, gallinas de granja, peces, tortugas y otras especies.
El resultado —advirtió— será
inmediato y previsible: el crecimiento de la venta clandestina en las
inmediaciones de los mercados, operada por ambulantes tolerados por las
propias autoridades.
Adicionalmente a la prohibición
de vender animales en mercados públicos, Aida Álvarez informó que el gobierno
de Clara Brugada publicó en diciembre pasado, en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México, el decreto que prohíbe el uso de jaulas y transportadoras para
resguardo de animales en locales comerciales, así como la permanencia de
mascotas en los establecimientos, mientras estos estén cerrados. Esta
disposición obliga a todos los comercios que tienen este giro a modificar de
manera sustancial sus protocolos de trabajo.
“Al ordenar el retiro de rejas
y jaulas de resguardo, se debe sustituir por un tipo de corral en donde deberán
convivir distintas especies, situación que —advirtió— podría representar un
riesgo de agresiones entre los animales”.
Otra de las medidas contempla el
retiro de las mascotas de los locales durante las noches o en días de descanso
laboral, lo que forzará a los propietarios a contar con espacios alternos de
custodia y trasporte especial diario, incrementando de manera
considerable los costos de operación y traslado; “no me imagino la logística
que deberán desarrollar los comerciantes de peces, aves o perros de raza, para
llegar todos los días con sus ejemplares y por la noche retirarlos, como si
fuera mercancía de tianguis, comentó la especialista.
“Además, este decreto -que es
muy confuso-, introduce el concepto de “venta por catálogo” el cual es
iniciativa del diputado Jesús Sesma bajo la cual pretende que los
animales no estén exhibidos físicamente y los compradores los conozcan por
citas.
Aida Álvarez lamentó que las
propuestas de especialistas, investigadores y comerciantes para mejorar el
cuidado de las mascotas durante las actividades mercantiles, expuestas en
el foro de bienestar animal hayan sido desechadas. En contraste,
señaló que la Jefa de Gobierno únicamente retomó la iniciativa del legislador
Jesús Sesma del Partido Verde, la cual —afirmó— se limita a imponer
prohibiciones y sobrerregulación al comercio legal de animales de compañía y se
convierten en bodrios administrativos que fomentan la corrupción.
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